Andorra cuenta, en la actualidad, con un marco fiscal favorable a la inversión extranjera. El pequeño país pirenaico entendió que no podía dar la espalda al fenómeno de la globalización, por lo que teniendo en cuenta la grave crisis financiera y económica de la zona euro y la voluntad de la comunidad internacional por avanzar hacia la transparencia de la actividad financiera, decidió apostar por la apertura de la economía andorrana.
Así pues, en 2009, tras la reunión del G20 celebrada en Londres, el Principado de Andorra mostró su firme voluntad de renunciar a su condición de paraíso fiscal. Una intención que se materializó en septiembre de ese mismo año, tras la aprobación de la Ley de Intercambio de Información Fiscal con solicitud previa, basada en el modelo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Desde ese primer convenio, la trayectoria ha sido imparable: hasta la fecha Andorra ha rubricado con 23 países convenios de intercambio fiscal, sin carácter retroactivo. A partir de 2018, Andorra intercambiará información fiscal de manera automática, en base a los datos recopilados el año anterior, es decir, al ejercicio fiscal de 2017.
Este acuerdo, sin duda, fue el primer pilar para conseguir la apertura del modelo económico y financiero de Andorra y atraer la inversión extranjera de sectores competitivos, como el tecnológico o el sanitario. Asimismo, ha sido necesario, durante estos últimos siete años, realizar una profunda transformación en la legislación andorrana: en 2011 entró en vigor la Ley de Impuestos Directos sobre la Renta de No Residentes -con un tipo general del 10%-, y en 2012 la Ley sobre el Impuesto de Sociedades -con un tipo fijo del 10%- y la Ley Sobre la Renta de las Actividades Económicas, también con un tipo fijo del 10%. Un año después, se puso en marcha la Ley sobre el Impuesto General Indirecto (I.G.I), con un tipo fijo del 4,5% y, en 2015, se instauró el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF ), que fija un tipo competitivo progresivo de un máximo del 10%. Así se ha previsto un mínimo exento para rentas inferiores al 5% y del 5% para rentas entre 24.000€ y 40.000€
La ruptura definitiva del tradicional modelo de inversión andorrano se produjo en 2012, con la aprobación de la Ley 10/2012 de Inversión Extranjera. Hasta ese momento, el límite fijado para la inversión extranjera en sociedades andorranas era del 49%. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Inversión Extranjera -el 19 de julio de 2012- el límite de inversión pasó a ser del 100%, lo que permitió la plena entrada al país de capital extranjero.
El objetivo del gobierno de Andorra es el de atraer inversores extranjeros en sectores económicos estratégicos como la sanidad de élite -con la implementación de la tecnología clínica más avanzada-, la formación y educación, la investigación y el desarrollo (I+D) y el ocio y el juego, entre otros. Aun así, hay que tener en cuenta la firme voluntad por proteger los sectores económicos internos, inspirándose en el modelo aplicado en Irlanda y Luxemburgo.
Por último, es importante tener en cuenta que Andorra ha firmado con Francia y España los Convenios de Doble Imposición (CDI), claves para promover las inversiones exteriores, tanto de capital extranjero en Andorra como de capital andorrano hacia el exterior. Estos acuerdos favorecen la competitividad internacional de las compañías, ya que dota a los inversores de seguridad jurídica y reduce, además, la carga fiscal.
Sin duda, Andorra se ha convertido en un polo de atracción para los inversores extranjeros que quieran operar a nivel internacional con una tributación homologada y atractiva. Si es tu caso y deseas invertir capital extranjero en Andorra, en IS21 te asesoraremos sin ningún compromiso.